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Rendición de cuentas

Remueven al Secretario de Administración del IPN tras señalamientos por contratos irregulares


La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ordenó la suspensión temporal del secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Javier Tapia Santoyo, como parte de una investigación administrativa por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y contratación de servicios.

La medida cautelar implica la separación inmediata del cargo, con el argumento de que, desde su posición, el funcionario podía interferir en el proceso de investigación al tener bajo su control áreas clave como presupuesto, adjudicaciones, proveedores y recursos materiales del instituto.

Antecedentes que precedieron la suspensión

La decisión llega después de años de señalamientos públicos, denuncias de organizaciones civiles y creciente inconformidad interna en el IPN, donde Tapia ya había sido cuestionado por su relación con empresas proveedoras señaladas por irregularidades.

En particular, durante 2025 tomó fuerza la polémica por un contrato multimillonario de servicios de limpieza en el IPN, otorgado a una empresa que medios y activistas ubicaron como parte del llamado “cártel de la limpieza”, lo que detonó protestas, exigencias de transparencia y presión pública directa sobre la administración central.

A pesar de estas advertencias tempranas, Tapia permaneció en el cargo por más de dos años después de los primeros señalamientos, incluso presidiendo el Comité de Ética del IPN, lo que para muchos resultó contradictorio en una institución que presume tolerancia cero a la corrupción.

¿Qué sabía la dirección general?

La suspensión también ha reactivado una pregunta incómoda dentro de la comunidad politécnica:

¿El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, desconocía realmente lo que ocurría en la Secretaría de Administración o decidió sostener políticamente a su operador financiero más importante?

Resulta difícil creer que un volumen tan alto de contratos, adjudicaciones y tensiones con proveedores pasara inadvertido para la máxima autoridad del instituto. La Secretaría de Administración es, por definición, el eje financiero del IPN y ningún movimiento relevante ocurre al margen de la oficina del director general.

La permanencia prolongada de Tapia, pese a denuncias mediáticas, movilizaciones internas y documentos públicos que advertían sobre irregularidades, alimenta la percepción de un posible encubrimiento institucional o, al menos, una omisión grave en los mecanismos internos de supervisión.

Investigación en curso

Por ahora, la suspensión representa apenas el primer paso dentro de un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones mayores, incluyendo destitución definitiva, inhabilitación y, eventualmente, responsabilidades penales, si las autoridades encuentran pruebas de faltas graves.

El IPN no ha informado sobre la designación de un reemplazo provisional ni sobre los plazos para la resolución del caso.

Lo que sí queda claro es que la salida temporal de Tapia no es producto de una reorganización interna, sino de una intervención directa de la autoridad anticorrupción federal, lo que coloca al instituto ante una crisis institucional que va más allá de una sola persona y que ahora alcanza al liderazgo central.

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