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Arturo Reyes Sandoval: ciencia, protestas y controversias en cinco años al frente del IPN


Arturo Reyes Sandoval: entre los logros científicos, los paros estudiantiles y las controversias administrativas que marcaron su gestión en el IPN

A unas semanas de concluir su segundo periodo como director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval deja una administración con resultados en investigación, propiedad intelectual y expansión educativa, pero también con importantes necesidades de infraestructura, conflictos estudiantiles, denuncias y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos.

En diciembre de 2020, Arturo Reyes Sandoval llegó a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con una sólida trayectoria científica. Egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, con experiencia académica internacional y estudios en la Universidad de Oxford, su nombramiento representó la llegada de un investigador a la máxima responsabilidad administrativa de una de las instituciones educativas más importantes de México.

Tras casi seis años y dos periodos al frente del Politécnico, el balance de su administración exige revisar mucho más que los informes oficiales. Los resultados científicos conviven con exigencias estudiantiles, dificultades presupuestarias reconocidas por la propia institución y controversias que han llegado a instancias fiscalizadoras.

LO BUENO: INVESTIGACIÓN, PATENTES Y EXPANSIÓN INSTITUCIONAL

Uno de los resultados más importantes reportados durante su administración ha sido el fortalecimiento de la propiedad intelectual. De acuerdo con cifras oficiales del IPN, entre 2021 y noviembre de 2026 se obtuvieron 268 títulos de patente, con un máximo histórico de 73 durante 2025.

Estas cifras reflejan la capacidad de investigación de la comunidad politécnica y el trabajo de sus centros científicos, docentes y estudiantes. Sin embargo, es importante distinguir entre los resultados institucionales y su atribución individual: las patentes son producto de procesos de investigación que frecuentemente requieren años y pueden abarcar distintas administraciones.

También se registraron avances en la actualización académica. En sus informes de gestión de 2025, las autoridades documentaron actividades de diseño y rediseño de programas y unidades de aprendizaje de los niveles medio superior y superior.

En materia de cobertura, el Politécnico reportó una matrícula de 212 mil 911 estudiantes durante el ciclo escolar 2025-2026, así como presencia institucional en 24 entidades federativas mediante 93 unidades académicas, centros de investigación y unidades de apoyo.

La expansión territorial también formó parte de sus prioridades, con iniciativas como los campus de Palenque, Chiapas, y Puebla, orientadas a ampliar oportunidades educativas y atender necesidades regionales de formación tecnológica.

Otro aspecto documentado fue el impulso a las becas deportivas. En enero de 2025, el propio director informó que los apoyos de este tipo habían pasado de 12 a 420 en seis meses. Se trató de una medida orientada a fortalecer la participación estudiantil en actividades deportivas.

En el ámbito financiero, la administración difundió resultados favorables de revisiones realizadas por instancias fiscalizadoras. En octubre de 2025, el IPN informó que una auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2024 produjo 25 resultados: 16 sin irregularidades y nueve atendidos antes de la emisión del informe.

Estos resultados forman parte del balance y deben reconocerse, sin confundir una auditoría favorable en determinados rubros con una certificación absoluta de toda la actuación administrativa.

LO MALO: CRECIMIENTO INSTITUCIONAL FRENTE A REZAGOS NO RESUELTOS

El crecimiento de la matrícula y la actividad científica contrastaron con las dificultades que estudiantes, profesores e investigadores denunciaron en diferentes planteles.

En septiembre de 2022, al menos 15 escuelas del IPN participaron en paros estudiantiles relacionados con demandas de atención a la violencia de género, infraestructura, inseguridad, materiales y presuntas irregularidades administrativas.

Cuatro años después, algunas de estas preocupaciones continuaban presentes.

Durante 2026, estudiantes de distintas unidades académicas denunciaron insuficiencia de reactivos, equipos deteriorados, falta de materiales para prácticas, deficiencias de mantenimiento y problemas relacionados con la disponibilidad de profesores.

En agosto, una investigación de EL PAÍS documentó testimonios de estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que describieron laboratorios con microscopios fuera de servicio, carencias de insumos y dificultades para completar adecuadamente sus prácticas académicas.

El problema también aparece en documentos oficiales. El Programa Institucional del Patronato de Obras e Instalaciones del IPN 2025-2030 identificó 32 proyectos de inversión autorizados que estaban pendientes de asignación presupuestaria al momento del diagnóstico, entre ellos intervenciones estructurales y obras de seguridad.

La situación presupuestaria adquirió especial relevancia en abril de 2026, cuando la propia Dirección General solicitó una ampliación de 10 mil 266 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública.

La petición reconocía necesidades de infraestructura, equipamiento, servicios y ampliación de la plantilla docente. También advertía que el crecimiento presupuestal había sido insuficiente frente al aumento de las necesidades institucionales.

Para 2026, el presupuesto autorizado del IPN fue de 22 mil 801.39 millones de pesos, con un incremento nominal de 3.04% respecto de 2025.

Estos datos plantean una pregunta central sobre la gestión: ¿cómo se equilibró la expansión académica y territorial con las necesidades de mantenimiento, personal y equipamiento de las escuelas existentes?

No toda insuficiencia presupuestaria puede atribuirse exclusivamente al director general, pues las asignaciones dependen también del Gobierno Federal. No obstante, la planeación, priorización y administración de los recursos disponibles forman parte de las responsabilidades de la conducción institucional.

VIOLENCIA DE GÉNERO: AVANCES NORMATIVOS Y PROBLEMAS PERSISTENTES

La violencia de género constituyó otro desafío durante la administración.

Entre 2022 y 2023, el IPN informó que había impuesto 192 sanciones a trabajadores por conductas relacionadas con violencia de género, además de sanciones a estudiantes. También actualizó su protocolo institucional de prevención, detección, atención y sanción.

Sin embargo, el Programa de Desarrollo Institucional 2025-2030 reconoce que entre 2021 y 2024 se registraron 1,134 denuncias procedentes de diferentes tipos de violencia en los niveles medio superior y superior.

En agosto de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 155/2022 dirigida al director general del IPN y a la Fiscalía General de la República, relacionada con violaciones a derechos humanos en el caso de una estudiante fallecida en 2016.

Es importante precisar que los hechos originales ocurrieron antes de la llegada de Reyes Sandoval. La recomendación, no obstante, planteó obligaciones institucionales de atención y reparación durante su administración.

La existencia de protocolos y sanciones permite documentar respuestas institucionales, pero también resulta necesario evaluar su efectividad, la atención a las víctimas y las condiciones de seguridad de la comunidad.

LAS CONTROVERSIAS MÁS DELICADAS: CONTRATACIONES, PATRONATOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Uno de los episodios más controvertidos de la gestión fue el conflicto entre las autoridades del IPN y la Fundación Politécnico A.C., organización que durante aproximadamente tres décadas mantuvo una relación de colaboración con la institución.

En 2025, la administración encabezada por Reyes Sandoval decidió terminar ese vínculo y promovió un nuevo esquema mediante la asociación Corazón Guinda y Blanco.

La decisión derivó en cuestionamientos sobre la administración de aportaciones y donativos. En diciembre de 2025, La Jornada informó que representantes de Fundación Politécnico habían presentado acciones legales contra Reyes Sandoval por presuntas irregularidades relacionadas con la terminación del convenio y la creación de la nueva asociación.

Las denuncias incluyeron señalamientos de posibles delitos, pero su presentación no constituye prueba de responsabilidad penal. Hasta la información pública revisada para esta nota no se identificó una sentencia condenatoria contra Reyes Sandoval por esos hechos.

En mayo de 2026, después de la intervención de la Secretaría de Educación Pública, se acordó restablecer la colaboración con Fundación Politécnico y dejar sin efecto el esquema alternativo de patronato.

El episodio abrió preguntas sobre las razones de la ruptura, los mecanismos de control de los donativos y los procedimientos institucionales utilizados para modificar la relación con una organización históricamente vinculada al IPN.

Otra controversia involucró a Javier Tapia Santoyo, quien ocupó la Secretaría de Administración durante buena parte de la gestión.

Tapia fue separado de sus funciones en noviembre de 2025 en medio de investigaciones administrativas. También enfrentó un procedimiento judicial relacionado con presuntas irregularidades cometidas durante su anterior desempeño en el ISSSTE, asunto distinto de sus funciones en el Politécnico.

En octubre de 2026, según informó La Jornada, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno concluyó las medidas cautelares en una investigación administrativa sobre Tapia al no encontrar indicios de desvío de recursos en ese expediente.

Por otra parte, Contralínea documentó investigaciones del Órgano Interno de Control sobre posibles irregularidades en contrataciones y operaciones administrativas del IPN. Esos señalamientos deben distinguirse de hechos judicialmente acreditados.

La propia administración informó en abril de 2026 que, desde diciembre de 2020, el instituto había sido objeto de 26 auditorías y revisiones por diferentes organismos. También reconoció que algunos ejercicios produjeron observaciones, recomendaciones y promociones de responsabilidad administrativa.

Por ello, el debate no puede reducirse ni a afirmar que todas las cuentas fueron irregulares ni a sostener que toda controversia quedó automáticamente descartada por las auditorías. Cada investigación requiere analizar su objeto, resultados y resolución definitiva.

2026: EL CONFLICTO ESTUDIANTIL QUE MARCÓ EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN

En mayo de 2026 comenzaron nuevas movilizaciones estudiantiles que exigían atención a las carencias académicas, transparencia presupuestaria y cambios en la conducción institucional.

Las protestas derivaron en paros en distintas escuelas y en la ocupación de instalaciones de Canal Once, conflicto que se prolongó durante más de 70 días, de acuerdo con reportes periodísticos.

El 23 de agosto, EL PAÍS documentó que estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y de la UPIITA mantenían movilizaciones y que algunos planteles acumulaban cerca de cien días de conflicto.

Entre las principales exigencias figuraban recursos para laboratorios, contratación de docentes, mejoras en instalaciones y garantías para quienes habían participado en las protestas.

El 8 de septiembre, el IPN informó oficialmente el levantamiento del paro en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, después de reuniones y respuestas al pliego petitorio, así como la reanudación de actividades académicas.

La prolongación de estos conflictos representa un hecho relevante para evaluar los mecanismos de diálogo, prevención y resolución de desacuerdos dentro del instituto.

¿UN POLITÉCNICO EN CRISIS O UNA INSTITUCIÓN CON PROBLEMAS ACUMULADOS?

El 12 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el IPN atravesara una crisis institucional. Como argumento, destacó los resultados de la institución en materia de patentes e investigación.

Un día antes, La Jornada había publicado testimonios de investigadores, profesores y egresados que describían un deterioro financiero, académico e institucional y advertían sobre la necesidad de atender rezagos históricos.

Ambas perspectivas remiten a dimensiones distintas de la vida institucional.

La producción científica puede mantenerse e incluso aumentar mientras determinadas escuelas enfrentan insuficiencia de recursos, dificultades administrativas o problemas de infraestructura.

Del mismo modo, la existencia de protestas y carencias no implica que toda la actividad académica e investigadora del Politécnico se encuentre paralizada.

La cuestión central es determinar si los avances fueron acompañados de mejoras sostenidas en las condiciones de enseñanza, seguridad, infraestructura, administración y atención a la comunidad.

EL BALANCE DE UNA ADMINISTRACIÓN QUE LLEGA A SU FIN

El periodo de Arturo Reyes Sandoval al frente del IPN deja avances verificables en propiedad intelectual, actualización académica, cobertura educativa y algunos mecanismos institucionales de atención y fiscalización.

También deja necesidades presupuestales reconocidas oficialmente, conflictos estudiantiles prolongados, problemas de infraestructura y controversias administrativas cuya evaluación exige transparencia documental y seguimiento de las resoluciones correspondientes.

La sucesión de diciembre de 2026 abre la oportunidad de revisar no sólo los resultados científicos que el Politécnico presenta ante el país, sino también las condiciones cotidianas en las que estudian, enseñan, investigan y trabajan sus integrantes.

El siguiente periodo de dirección tendrá que responder a preguntas concretas: ¿qué proyectos de infraestructura siguen pendientes?, ¿cómo se fortalecerá la plantilla docente?, ¿qué mecanismos garantizarán la transparencia de los recursos?, ¿cómo se evitarán nuevos conflictos prolongados?, ¿qué medidas permitirán atender las denuncias de violencia y proteger los derechos de la comunidad?

La respuesta a esas preguntas permitirá valorar, con indicadores verificables, la evolución institucional más allá de las declaraciones oficiales y las controversias públicas.

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